Necesaria una solución para que inquilinos no sean desalojados, sin fomentar la morosidad o no pago, coinciden en el Foro de Vivienda

 


Concluyen las discusiones virtuales del Foro Legislativo Vivienda y Arrendamiento en Tiempos del COVID-19.
“Es necesario diseñar un marco jurídico, que deberá ser constitucional, que respete la propiedad privada”: Diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino.
Al exponer las conclusiones del Foro Legislativo Vivienda y Arrendamiento en Tiempos del COVID-19, el presidente de la Comisión de Administración y  Procuración de Justicia del Congreso capitalino, diputado Eduardo Santillán Pérez, señaló que las y los participantes coincidieron en reconocer que actualmente “estamos ante un fenómeno social que no teníamos propuesto y que además era imposible prever: La existencia de una pandemia que tuviera un efecto tan fuerte e importante en todos los ámbitos de la vida pública y en la disminución de los ingresos”.

En su participación en el foro virtual Santillán dijo que es necesario que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial encuentren una solución que permita que las personas en situación de abandono no sean desalojadas, sin fomentar una política de morosidad o no pago, además de que se quiere garantizar y salvaguardar la protección de la propiedad privada, agregó.

Recordó que la iniciativa es un documento que tiene su origen en la sociedad civil, y abre la oportunidad de replantear la política pública en materia de arrendamiento en sus diversos ámbitos.

“Es necesario diseñar un marco jurídico que deberá ser constitucional, que respete la propiedad privada, donde haya mayor intervención del Gobierno de la Ciudad, pero no en una visión intervencionista, sino en función del acompañamiento y fortalecimiento a sectores estratégicos de la economía y en el ámbito social”, aseguró.

Al respecto, Sergio González, representante de la Asociación Vecinal 06600, aseguró que el abuso inmobiliario y la especulación del suelo urbano los condujo a presentar la propuesta de iniciativa que fue elaborada en conjunto con académicos, organizaciones civiles y la ciudadanía, y que fue acogida por las diputadas de MORENA, Martha Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama. Esta propuesta tiene por objetivo de garantizar el derecho a la vivienda sin atentar a la propiedad privada, así como atender la problemática que están padeciendo todas aquellas personas que a causa de la pandemia perdieron sus empleos o han visto mermados sus ingresos, por lo que sugirió se pueda crear un fondo de rentas que permita a los inquilinos saldar el pago de sus obligaciones con los arrendatarios.

Academia y profesionales inmobiliarios participan en el Foro

El profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Flavio Galván Rivera, expuso una serie de requisitos que deberá cubrir la nueva legislación en la materia. Indicó que tiene que resolver la necesidad de contar con una normativa especial para la vivienda de interés social; “si queremos que el contrato exista siempre, podemos regular la manera de los contratos de adhesión; además es indispensable que la autoridad lleve un padrón de arrendadores y arrendatarios, que exista un formato registrado de contrato de arrendamiento de interés social y un programa de estímulos al arrendador, de apoyos al arrendatario, así como la seguridad jurídica para ambas partes”.

María José Fernández, presidenta de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, señaló que los organismos empresariales que representa no se oponen a la revisión de las normas que regulan el arrendamiento. Pero consideró que la iniciativa de reformas al Código Civil “no es precisamente una medida para enfrentar la contingencia que se vive, porque no puede aplicarse de manera retroactiva a los contratos de arrendamiento que fueron suscritos al amparo de las normas vigentes”.

Por ello indicó que es necesario implementar soluciones de emergencia, y revisar los artículos 1796, 1796 Bis, y 1796 Ter, todos del Código Civil local, para fortalecer la figura de la mediación en materia de arrendamiento inmobiliario, y crear un organismo público de garantías inquilinarias.

Salvador Sacal Cababie, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, aseguró que las medidas propuestas son “en favor de los arrendatarios (inquilinos) y en contra de los arrendadores”.  Agregó que la actual crisis económica que se vive en la capital, a raíz de la pandemia y que no es privativa del país, “ha ocasionado atrasos en alquileres e hipotecas, pero en ningún momento han representado amenaza alguna de desalojo, por lo que las medidas inmediatas que se pretenden tomar para garantizar el derecho a la vivienda son excesivas e ilegales, porque los tres conceptos en los que se basa la propuesta tienen carácter de garantías irrenunciables, pero tienen un límite en cuanto a su interpretación y aplicación”.

Fuente
https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-necesaria-solucion-que-inquilinos-no-sean-desalojados-sin-fomentar-morosidad-no-pago-coinciden-foro-vivienda-1590-1.html?fbclid=IwAR3hL95nq5GmkpkLx_DSTUUAKWAiO6K8lF6e-Wny7Cwmh9IibimOm4s9kQ8

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